JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 LEÓN
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1/2011
SENTENCIA NÚMERO 1/2011
En la ciudad de León a 11 de julio de 2011
Vistos por el Ilmo. Sr. Don Javier Alfonso, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de León y su partido judicial, los presentes autos de Juicio Ordinario número 1/2011, seguidos ante este Juzgado a instancia de Doña Marta, representada por los Procuradores Doña Miriam y Don Diego y asistida por los Abogados Don Javier y Doña Jésica contra Don Francisco Javier Excma. Diputación de León y Zurich Insurance PLC que intervienen representados por los Procuradores Don Raúl y Don Daniel y asistidos por las Abogadas Doña Sara y Doña Silvia, sobre responsabilidad civil extracontractual.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que por los Procuradores de los Tribunales Doña Miriam y Don Diego en nombre y representación de Doña Marta se impuso demanda de Juicio Ordinario contra Don Francisco Javier, Excma. Diputación Provincial de León y la entidad aseguradora Zurich Insurance PLC. Habiéndose personado con posterioridad la compañía de seguros AXA SA.
SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda presentada, se dio traslado de la misma a los demandados, emplazándoles para que la contestasen en el plazo de veinte días.
TERCERO.- Que por los Procuradores de los Tribunales Don Raúl y Don Daniel en representación de los demandados, se presento escrito de contestación a la demanda y tras alegar los hechos y fundamentos pertinentes, termino con la suplica al Juzgado que, previa la tramitación legal correspondiente, se dictara sentencia por la que se desestimase la demanda.
CUARTO.- Que tras tener por contestada la demanda, se convocó a las partes para la celebración de la audiencia previa a la que se refiere el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando a las partes a la celebración de la misma.
QUINTO.- Que llegado el día y hora señalados, con la comparecencia de las partes, y resueltas las cuestiones procesales planteadas, se procedió por ambas partes a proponer prueba, declarándose pertinentes en la forma que obra en la grabación que de la misma se efectuó y señalándose fecha para la celebración del juicio, el cual tuvo lugar en la forma obrante en el acta levantada al efecto y en la correspondiente grabación videográfica, dándose por terminado el juicio y quedando concluso para dictar sentencia.
SEXTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales establecidas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En la demanda se ejercita acción aquiliana o por culpa extracontractual al amparo del art. 1902 del C. Civil en reclamación de 210.007,20 euros.
Reiteradamente la Jurisprudencia ha venido señalando que para que pueda prosperar la acción de reclamación de daños y perjuicios, que al amparo del artículo 1.902 del Código Civil ejercita la demandante han de concurrir los tres requisitos siguientes:
a) Una acción u omisión negligente o culposa imputable a la persona o entidad a quien se reclama la indemnización, ejecutada por ella o por quien se deba responder de acuerdo con el artículo 1.903 del mencionado Código Civil. La culpa o negligencia, como señaló la STS de 9 de abril de 1.963, es la omisión de la diligencia exigible en el tráfico, mediante cuyo empleo podría haberse evitado un resultado no querido, esto es, la realización no querida del supuesto de hecho legal.
b) La producción de un daño de índole material o moral, que en todo caso ha de estar debidamente acreditado en su realidad y existencia. Así la STS. de 29 de septiembre de 1.986 señaló que para el resarcimiento de daños es necesaria la prueba de ellos de forma categórica, sin que sean suficientes meras hipótesis o probabilidades, pues los perjuicios reales y efectivos han de ser acreditados con precisión, de modo que sólo debe ser resarcido el perjuicio con el equivalente del mismo, para lo que es imprescindible concretar su entidad real, de tal forma que, como señaló también la STS de 17 de septiembre de 1.987, para que pueda prosperar la acción en reclamación de daños y perjuicios es necesaria la prueba de ellos.
c) La adecuada relación de causalidad entre la acción u omisión culposa y el daño o perjuicio reclamado. La doctrina jurisprudencial establece en este tema el principio de la causación adecuada, que exige la necesidad de que los resultados dañosos puedan imputarse causalmente al agente, siendo consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad; debiendo entenderse por consecuencia natural aquélla que propicia, entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados; y debiendo valorarse en cada caso concreto si el acto antecedente que se presenta como causa tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficientes las simples conjeturas o la existencia de datos fácticos que, por mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de estos acontecimientos, sino que es precisa la existencia de una prueba determinante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo; y esta necesidad de una cumplida justificación no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetividad en la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba, aplicables en la interpretación de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil, pues "el cómo y el por qué se produjo el accidente" constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso (SSTS. de 11 de marzo y 17 de noviembre de 1.988, 27 de octubre de 1.990 y 25 de febrero de 1.992).
En el ámbito de las actividades deportivas, el Tribunal Supremo es fiel a aquellos dictados de la misma Sala Civil en los que, en relación con otras actividades, establece que la aplicación de la denominada «doctrina del riesgo» como fundamento de la objetivación de la responsabilidad debe tener un alcance «limitativo (fuera de los supuestos legalmente prevenidos)», sin que pueda extenderse «a todas las actividades de la vida, sino sólo a las que impliquen un riesgo considerablemente anormal en relación con los estándares medios» (entre otras, las SSTS 20.3.1996; 2.3.2000; 10.12.2002; 29.9.2005).
Consecuentemente, pues, y en aplicación de tal doctrina jurisprudencial, para el éxito de la acción indemnizatoria ejercitada por la demandante, deben concurrir en la conducta del demandado los citados requisitos, y debe acreditarse a su vez que concurren para exigir la responsabilidad de la entidad de seguros en su calidad de aseguradora de este y en su caso de la Excma. Diputación Provincial de León.
SEGUNDO.- Mediante las pruebas practicadas en el juicio, documental, -atestado de la Guardia Civil, informes médicos y forenses- y testifical, ha quedado probado que el día 2 de septiembre de 2010 se celebraba la IV etapa de la Vuelta Ciclista de León, que unía las localidades de Bembibre y Ponferrada, organizada por la Diputación de León, que tenia suscrito seguro de responsabilidad civil con la aseguradora Zúrich Insurance LPC, quien a su vez adjudico la organización de la carrera a Deportes y Contratas SL., así como que sobre las 16:40 horas cuando Doña Marta descendía el Puerto de Foncebadón hacia la localidad de Molinaseca, por la carretera LE-142, en un tramo curvado hacia la derecha y con pendiente, se vio sorprendida por la presencia en la parte izquierda de la calzada de una motocicleta que había sido estacionada por Don Francisco, agente de la Guardia Civil y encargado de la seguridad de la prueba en dicho punto, quien al percatarse de que el pelotón se acercaba se apresuro a poner en marcha la motocicleta, sin conseguir evitar la colisión, impactando la ciclista contra la motocicleta, resultando a consecuencia del golpe con lesiones de las que fue atendida en el Complejo Asistencial de León el mismo día de los hechos, estando hospitalizada 15 días, y tardando en curar e impedida para sus ocupaciones habituales durante 55 días, quedándole como secuelas según el informe médico forense amputación completa del primer dedo (pulgar) de la mano izquierda y amputación completa del segundo dedo (índice) de la mano izquierda, hombro doloroso a la movilización y limitación de la movilidad activa y pasiva menor de 90%.
El accidente se produce durante una carrera ciclista, con un recorrido preestablecido, acotado y cerrado al tráfico y con agentes encargados de vigilar por la seguridad de la misma, entre los que se encontraba el guardia civil demandado, quien negligentemente y en contra de lo que manifiesta en el juicio, donde asegura que dejo la motocicleta en el arcén, la aparca según declaran las testigos presenciales del accidente Doña Line Vanesa y Doña Clara, en el margen izquierdo de la calzada, dentro de la misma, cuando ya habían pasado algunas ciclistas y era totalmente previsible e inminente el paso de las demás por dicho lugar, las cuales al estar participando en una carrera y dentro del circuito para ella fijada, no se encuentran vinculadas por las normas ordinarias que rigen la normal circulación de cualquier vehículo por una vía publica, siendo por ello indiferente tanto la velocidad a la que pudiera ir la ciclista como la trayectoria que llevaba en su marcha, quien pedaleaba a la mayor velocidad que podía y por la parte de la carretera que consideraba más segura y conveniente, con la confianza de encontrar a su paso, libre de obstáculos el recorrido y por un tramo descendente con visibilidad reducida, al salir de una curva pronunciada que la impide percatarse de la presencia en la calzada de la motocicleta hasta que prácticamente la tiene encima.
El punto de la colisión, a la salida de la curva, ha quedado probado tanto por las declaraciones de los testigos presenciales del accidente que declaran en el juicio, como por el atestado de la Guardia civil efectuado en el momento y lugar de los hechos y con la objetividad que se le presume, lo que impide dar preferencia al detallado informe pericial aportado por la parte demanda, que trata de situar el lugar del impacto, haciendo una interpretación parcial de los hechos y favorable a sus intereses, en el corte trasversal de la curva y no a la salida de ésta.
La causa determinante de la colisión no es otra que la indebida presencia en la calzada de la motocicleta, a quien como encargado de vigilar la seguridad de la carrera y por su profesión debe exigírsele el mayor cuidado y diligencia en el desempeño de la misma, incurriendo en una grave negligencia al estacionar la motocicleta en la calzada y a la salida de una curva, aun cuando se hubiera parado para tratar de apartar a los espectadores de la carrera pues debió de aparcarla fuera de la calzada, en un lugar donde su estacionamiento no implicara un riesgo para las ciclistas, omitiendo las más elementales normas de precaución al situar la motocicleta en un punto donde además la visibilidad resultaba reducida para las participantes en la vuelta ciclista y por donde estaba previsto su inmediato paso.
Ninguna responsabilidad puede atribuirse a la ciclista en el accidente, pues como participante en la carrera descendía por la carretera lo más rápidamente que podía, sin estar obligada a seguir una trayectoria determinada, no pudiendo hacer nada para evitar la colisión con la moto de Don Francisco Javier al encontrarse de repente con ella al salir de una curva sin tiempo ni espacio material para reaccionar, provocando el agente con su negligente actuación el accidente sufrido por Doña Marta, que aparece en directa relación causa efecto con su imprudente conducta.
Las lesiones con las que resultó Doña Marta, como consecuencia del accidente son por tanto consecuencia de la imprudencia declarada de Don Francisco Javier, quien debe responder civilmente de los daños y perjuicios ocasionados a la demandante y solidariamente con él, la entidad aseguradora de la Guardia Civil AXA SA.
TERCERO.- Ninguna responsabilidad debe ser atribuida a la Diputación de León organizadora de la carrera ciclista que a su vez adjudico su efectiva organización a Deportes y Contras SL., pues como se indica el accidente se produce a consecuencia de la acción culposa del guardia civil demando y no por un fallo en las normas de seguridad y organización de la carrera.
Entre las funciones inherentes a los organizadores de una carreta ciclista tal y como dice la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2006 se encuentran, “entre otras, la de adoptar las medidas necesarias para evitar los riesgos propios a esta práctica deportiva”, en cuanto que es al organizador a quien compete diseñar la ruta, así como decidir si celebrar o no la prueba y las medidas de seguridad que se deben adoptar, y a quien se imputa la responsabilidad derivada de tales decisiones, y es el organizador quien según la referida sentencia «se obliga a adoptar unas medidas que conoce como parte o fundamento de una diligencia que comprende no sólo las prevenciones y cuidados reglamentarios, sino además todos los que la prudencia impone en cada momento para prevenir el daño».
En el caso concreto que nos ocupa, nada tiene que ver el accidente con la organización de la carrera, pues la relación de causalidad entre la negligencia del guardia civil y el accidente resultan claras, de modo que el accidente no se puede atribuir a una falta de organización, programación o seguridad atribuible a la organizadora de la carrera ciclista o a la falta de adopción de las medidas de prevención requeridas, ya que tales medidas fueron convenientemente adoptadas y es precisamente una de las personas que estaba encargada de la vigilancia de la buena marcha y seguridad de la carrera y cualificada convenientemente por su profesión para hacerlo, al tratarse de un Guardia Civil, con su falta de cuidado y diligencia en el desarrollo de su trabajo la que origina el accidente, no apreciándose consecuentemente ninguna culpa en los organizadores de la carrera ni omisión de la vigilancia debida.
Por todo ello, no puede ser declarada responsable civilmente solidaria la Excma. Diputación de León y su aseguradora Zurich Insurance PLC, lo que conlleva la desestimación de las pretensiones de la parte actora en relación con las mismas.
CUARTO.- Probadas las lesiones padecidas por la ciclista Doña Marta, las cuales son consecuencia del accidente que tuvo lugar el día 2 de septiembre de 2010, a través del informe médico forense y la pericial medica aportada por ambas partes, y las manifestaciones de los peritos en el juicio y de los testigos, resulta acreditado que como consecuencia del accidente Doña Marta estuvo hospitalizada durante 15 días, por lo que tomando como referencia el Baremo del año 2010, para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, teniendo en cuenta la fecha del accidente y de la sanidad de las lesiones, y la edad de Doña Marta -20años-, deberá ser indemnizada por los 15 días en los que estuvo hospitalizada a razón de 66 euros día en 990 euros, y por los 55 días que tardo en curar y estuvo impedida para sus ocupaciones según los informes periciales de las partes a razón de 53,66 euros día, en 2.951,3 euros.
Por las secuelas, valorando conjuntamente el informe médico forense y los informes periciales de las partes, se otorga por la amputación completa del primer dedo (pulgar) mano izquierda 18 puntos, por la amputación completa del segundo dedo (índice) de la mano izquierda, 9 puntos, por la limitación movilidad hombro izquierdo y doloroso 8 puntos y por el trastorno neurótico estrés postraumático que aparece ya reflejado en el informe que emite el Complejo Asistencia de León, 2 puntos, y aplicando la formula prevista para incapacidades concurrentes da un total de 33 puntos, y por perjuicios estéticos teniendo en cuenta que pierde dos dedos de la mano izquierda, circunstancia que indudablemente supone un perjuicio estético medio para una mujer de 20 años de edad se estima procedente otorgar 9 puntos, sumando un total de 42 puntos que a razón de 1.810,24 el punto suman la cantidad de 76.030,08 euros.
A las cantidades anteriores se les aplicara el 10% de factor de corrección, conforme a la Tabla IV del Baremo.
La demandante ha acreditado que es profesora de piano, ha aportado un contrato de trabajo conforme al que iba a trabajar como profesora de lenguaje musical y piano en el Colegio Leones desde el 15-07-10 al 15-07- 15, en los periodos de verano, habiéndole sido reconocida por resolución del Ministerio de Trabajo e Inmigración, una incapacidad permanente total, por lo que por dicha invalidez puede ser indemnizada entre 17.612,71 euros y 88.063,51 euros según la Tabla IV del Baremo, y ponderando la edad de la misma y que puede realizar otros tipos de actividades laborales, se fija una indemnización a su favor de 60.000,00 euros.
Al pago de las expresadas cantidades se condena al demandado D. Francisco Javier como responsable directo del accidente, declarando a su vez la responsabilidad solidaria de la aseguradora de la Guardia Civil AXA SA, así como al pago de los interés legales, que para la entidad aseguradora serán los del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro.
QUINTO.- Al ser estimada parcialmente la demanda de conformidad con lo dispuesto en el art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer condena de las costas de esta primera instancia.
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda planteada por los Procuradores Doña Miriam y Don Diego en nombre y representación de Doña Marta, debo de condenar y condeno a D. Francisco Javier y a la aseguradora AXA SA, a abonar a la actora la cantidad de 79.971,38 euros por días de incapacidad y secuelas más el 10% de factor de corrección y 60.000,00 euros por la incapacidad, lo que asciende a un total de 147.968,51 euros, más los intereses legales de dicha suma, que para la entidad aseguradora serán los del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro, absolviendo libremente a la Excma. Diputación de León y a la entidad aseguradora Zurich Insurance SL., sin que proceda hacer condena en costas.
Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al libro correspondiente y testimonio a los autos.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que deberá prepararse mediante escrito que se presentara ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación de esta resolución, y en el que se indicara la resolución que se apela y la voluntad de recurrirla con expresión de los pronunciamientos que se impugnan.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevara testimonio a los autos y se encuadernara en el original, lo acuerdo, mando y firmo.
